¿DEBE EXISTIR LA EMPRESA PUBLICA?

 I N T R O D U C C I O N:

Abordar esta cuestión resulta, desde su principio, un tanto complicada, dada la pluralidad de criterios que, hoy día, existen al respecto y la tendencia reinante, especialmente, en las naciones occidentales, tanto europeas como americanas, de liberar al Estado de sus empresas públicas, porque, ciertamente, muchas de ellas, resultan una carga económica en sus Presupuestos Anuales opinándose que pueden, incluso, invadir la libre competencia en el terreno de la empresa privada. Por nuestra parte, respetamos estas opiniones, pero desearíamos exponer nuestro modesto punto de vista al respecto.

Cuanto más intensa es la crisis económica que vive una nación, y más intenso es un déficit presupuestario estatal, mas tendencia existe a privatizar empresas públicas. Por una parte, a nuestro criterio, se persigue con ello, por un lado liberar recursos económicos estatales que tienen que ir destinados a subvencionar a estas empresas (que pueden arrojar pérdidas en sus ejercicios económicos anuales), para destinarlos a atender otras necesidades públicas, también, imperantes, tales como puedan ser la educación, la sanidad pública, las pensiones etc... Por otra parte, impedir, con ello, que estas empresas públicas, subvencionadas, puedan invadir el terreno de la libre competencia del mercado, perjudicando con ello a la empresa privada.

Una consecuencia de todo ello, es que al desaparecer estas subvenciones, también se libera el Estado de cargas presupuestarias y ayudará a disminuir ese no deseado ni recomendable déficit presupuestario.

También suele decirse que el Estado es mal empresario e incluso que la presencia del mismo en el terreno empresarial debe ser nula, su misión no debe ir mas alla de la mera regulación.

En general, por principio, y sin analizar y conocer, detenidamente, el caso de cada nación, no compartimos estas premisas, por ello, vamos, seguidamente, a plantear nuestro punto de vista.

P L A N T E A M I E N T O:

El concepto de Estado dentro de la Teoría Jurídica del mismo y de los propios Principios de la Ciencia Política, es complejo de estudiar y cae, desde luego, fuera del contexto del presente artículo.

Sólo queremos decir, acudiendo a fuentes de textos de DERECHO CONSTITUCIONAL y de DERECHO POLITICO, que como presupuesto básico, el concepto de Estado que podemos tener es:

"UNA SOCIEDAD TERRITORIAL.., JURIDICAMENTE ORGANIZADA, CON PODER SOBERANO,  QUE PERSIGUE EL BIENESTAR SOCIAL."

Sobre este presupuesto básico vamos a basarnos, al perseguir, como objetivo principal de la política  socio-económica del Estado, el “bienestar social de la nación”.

España no es una excepción a lo anteriormente indicado, puesto que su actual vigente Constitución con toda nitidez, contempla que el Estado, establece un Modelo Socio-Económico y nos habla, ampliamente, de la función del mismo en la economía de la nación, en este caso, española.

Por ello, establece principios de justicia-social, libre competencia, democratización, eficiencia......

Pero hay algo más. Nos dice que el Estado generará fuentes de trabajo, elevará el nivel de vida de la población... creará actividades sociales y empresariales.... asegurará la razonable productividad económica y social de los recursos públicos y privados.....  y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y carácter estratégico.

De todos es conocido, que hay industrias, que en aquellas naciones que existen, pueden ser  de carácter estratégico, por razones de la propia defensa de la nación y de que, siempre, el dominio del mar, la libre salida al mar, el transporte marítimo, han sido la base estratégica de las mismas. En ello, entra, naturalmente, la industria naval y aeronáutica, a modo de ejemplos.

Queremos decir, con ello, que España, tiene muchos kilómetros de costa, está situada en Europa, es núcleo estratégico para la navegación, tiene puertos, tales como Valencia,  Barcelona, Cádiz, Bilbao...  donde hay un continuo y muy denso tráfico marítimo comercial.

Los astilleros españoles son industrias estratégicas y deben permanecer públicos si el sector privado no puede ni desea mantenerlos y así es el caso español.

Nos preguntamos si puede existir mayor razón socio-económica y estratégica que la anteriormente expuesta.  

Por otra parte, España tiene una Armada, con modernas unidades ligeras de combate, tales como un portaviones, fragatas, buques auxiliares etc.., que necesitan reparar en astilleros españoles y de hecho pueden hacerlo.

Estamos hablando de un volumen considerable de reparaciones de buques de la propia flota mercante española, de la Armada Española y de los buques de banderas extranjeras (tanto de carga general como petroleros), que, sin duda, dan suficiente carga de trabajo para esos astilleros, sin descartar las nuevas construcciones que pueden llevarse a cabo y de hecho se están llevando.

Desde luego, España no cuenta con iniciativa privada para hacer frente a la privatización de éstos astilleros y a nuestro entender, por las razones ya indicadas, no es lo más  aconsejable privatizarlos, enajenando, por tanto, industrias de interés nacional y estratégico, que sólo deben estar en manos del Estado Español.

Pero, debemos añadir que IZAR tiene astilleros, que están ubicados en zonas geográficas españolas deprimidas económicamente, como la Bahía de Cádiz y su área, y Galicia. Estas zonas pueden tener su vida propia, con estas industrias y luego la de servicios auxiliares a estas.

Creemos que es una razón más que apoya nuestra tesis.

Creemos que con todo lo anterior, hemos presentado argumentos, reales y fehacientes, que defienden y avalan, a nuestro juicio, nuestra tesis, sin querer entrar en un detenido estudio de viabilidad que, lógicamente podríamos hacer, ya que conocemos, en profundidad, la industria naval española.

En consecuencia, la industria naval española debe continuar como pública y no como privada y no quepa la menor duda de que es una generación de puestos de trabajo, de entrada de divisas y enriquecimiento de las zonas donde se ubican estos astilleros.

Pensemos que la relación media que existe entre mano de obra directa (transformaciones) y materiales, a efectos de facturación,  en las reparaciones convencionales de buques está en un 60% para la mano de obra y un 40% para la aportación de materiales. Siendo, inversa para nuevas construcciones y transformaciones importantes de buques o plataformas.

Pensemos, por último, que estos astilleros están cercanos al Estrecho de Gibraltar y cerca del Cabo de Finisterre. No dejamos a un lado Cartagena, por ser base naval militar y terminal petrolera.

C O N C L U S I O N:

España, desafortunadamente, no tiene crudo, su principal fuente de ingresos por divisas, es el turismo, luego necesita de una flota de buques mercantes que le permita abastecerse. Tiene llanuras con pastos, ganado, agricultura, tiene nieve en Sierra Nevada, Los Pirineos...,  pero no es una nación privilegiada por sus bienes económicos que pueden aportarle riqueza. Entonces, ¿Por qué el Estado, allí, donde la iniciativa privada o los intereses nacionales y estratégicos españoles, no hace entrar a la iniciativa privada y no va a implantar su actividad empresarial en beneficio de toda la sociedad a la que se debe?. ¿Por qué van a quedar ociosos esos sectores industriales, teniendo, con ello, que depender de terceras naciones?.

La libertad de mercado, no queda, en absoluto, conculcada ni lesionada por esta intervención empresarial estatal, ni tiene por qué existir, confrontación entre la iniciativa privada y la pública, pues, al contrario, será ésta última la que tirará de la privada.

Sugerimos, por consiguiente, que se medite, detenidamente, este paso, tan decisivo a dar, antes de llevarlo, definitivamente a efecto.

PFE-Consultores